Research paper
The Cyprus Institute
Nicosia \ Cyprus
Research paper
The Cyprus Institute
Nicosia \ Cyprus
Por Dr.
Salam Al Rabadi
Está claro que
muchos de los desarrollos relacionados con la pandemia de “Covid-19” han
llevado a un cambio en los hechos y datos económicos y políticos relacionados
con los debates sobre el estado del Estado, la gobernanza sostenible y el papel
de los individuos, etc., que en su totalidad giran en torno a la dialéctica de
la contradicción fundamental entre la globalización de la economía por un lado
y el nacionalismo de la política por otro. Es la dialéctica que se puede
expresar mediante la siguiente pregunta problemática:
¿Hasta qué punto
puede el Estado mantener su posición y funciones? ¿Cuál es la posibilidad de
lograr una gobernanza sostenible?
En principio, se
puede decir que una de las mayores complejidades y dilemas que impide el acceso
a la gobernanza sostenible, sigue estando estrechamente relacionada con la
problemática de la contradicción en el desarrollo tanto de la economía como de
la política. La economía se está moviendo lógicamente y hasta cierto punto
siempre hacia lo global, mientras que la política todavía se practica
principalmente a nivel local o nacional.
Aquí, la división o
contradicción aparece en la relación entre autoridad, responsabilidad y
rendición de cuentas en cierta medida, de modo que encontramos que existe una
autoridad económica global versus una responsabilidad política nacional o local
en la que se concentra el uso de la autoridad. Esta contradicción obstaculiza
la posibilidad y la eficacia de alcanzar y consolidar los principios de
gobernanza sostenible a todos los niveles.
Por lo tanto, para
conciliar entre la política interna y la economía global, el punto de
equilibrio entre ellas debe basarse en la gobernanza sostenible, que se basa en
el principio de interdependencia entre los conceptos políticos y económicos por
un lado, y los principios de transparencia, rendición de cuentas y
participación por el otro, aquí el individuo (como ciudadano o como
consumidor) puede ser el juicio o equilibrio por el cual ese equilibrio perdido
puede ser logrado. Lo cual necesitamos a nivel de la posibilidad de lograr
una gobernanza sostenible.
Como cada una de las fuerzas políticas y
económicas están tratando de ganarse a los individuos para su lado, ya sea a
nivel económico o político (el individuo es, por un lado, un votante, y por
el otro, un consumidor). En el ámbito económico, a pesar de todos los
problemas de desigualdad y de justicia distributiva, el consumidor individual
sigue teniendo la iniciativa a nivel económico, basándose en que él es la base,
meta y referencia de las fuerzas comerciales en todas sus formas. Además, el
ciudadano individual es la base de la autoridad política de acuerdo con el
proceso democrático y el voto electoral, ya que todavía tiene un impacto
significativo en el nivel de determinación de las orientaciones políticas.
En base a esto, los individuos en los que se basan los sistemas políticos y
económicos deben asumir la responsabilidad, comprometerse y participar en el
proceso de creación de esa influencia y presión para enfrentar los monopolios y
el control de las élites capitalistas, de seguridad, políticas, mediáticas e
incluso académicas, con el fin de ser el pilar en el logro de las políticas de
rendición de cuentas, participación y transparencia en las que se basa la
gobernanza.
Las
políticas de gobernanza no deben limitarse a reformas estructurales o protestas
en las calles y en las urnas. Más bien, la sostenibilidad y el proceso de
gobernanza deben apoyarse responsabilizando directamente a las fuerzas
monopólicas a través de una cultura de consumo, ya que gastar o ahorrar dinero
puede conducir a los fines deseados. Esta lógica o dirección de acción directa
puede ser mejor y más efectiva que las formas tradicionales de expresión
política y económica.
A la luz de
los mercados globales que intentan evadir las reglas y restricciones de la
contabilidad, el papel del individuo (el consumidor) aparece como una fuerza a
tener en cuenta. Ya no se puede ignorar que las
personas de todo el mundo ahora están recurriendo a las compras políticas más
que al voto electoral. Por lo tanto, la participación en el proceso de boicot
económico y la tendencia hacia las compras políticas (por así decirlo) es un
indicador positivo que indica que la actividad política del consumidor
individual ha comenzado a moverse en la dirección correcta.
Donde la
creciente actividad e influencia de las fuerzas económicas, y la
correspondiente voluntad política poco clara, resulta en una creciente
comprensión de que las compras políticas son una forma más efectiva de
gobernanza sostenible. Donde parece que el consumo o la compra política ha
comenzado a reemplazar a la ciudadanía tradicional, ya que es la herramienta
que permite al individuo (como ciudadano o consumidor), imponer la rendición de
cuentas y corregir las políticas públicas de una manera más seria y práctica.
A la luz de la codicia financiera, la indiferencia política y la ausencia
de responsabilidad entre muchas élites tecnocráticas y fuerzas del mercado, los
individuos pueden asumir la responsabilidad y la participación en el logro de
una gobernanza sostenible mediante la adopción de políticas de compras
políticas como una estrategia o una nueva forma de rendición de cuentas
efectiva.
By Salam Al Rabadi
It is
clear that many of the developments related to the “Covid_19” pandemic have led
to a change in the economic and political facts and data related to the debates
on the status of the state, sustainable governance and the role of
individuals..etc, which in its entirety revolve around the dialectic of the
fundamental contradiction between the globalization of the economy on the one
hand and the nationalism of politics on the other. It is the dialectic that can
be expressed by the following problematic question:
To what extent can the state maintain its position and functions? What
is the possibility of achieving sustainable governance?
In
principle, it can be said that one of the most complexities and dilemmas that
prevents access to sustainable governance, is still closely related to the
problematic of contradiction in the development of both economics and politics.
The economy is logically and to some extent always moving towards the global,
while politics is still practiced primarily locally or nationally. Here, the division or contradiction appears in the relationship between
authority, responsibility and accountability to some extent, so that we find
that there is a global economic authority versus a national or local political
responsibility in which the use of authority is concentrated. This
contradiction hinders the possibility and effectiveness of achieving and consolidating
the principles of sustainable governance at all levels.
Therefore,
in order to reconcile between domestic politics and the global economy, the
point of balance between them must be based on sustainable governance, which is
based on the principle of interdependence between political and economic
concepts on the one hand, and the principles of transparency, accountability
and participation on the other, here the individual (as a citizen or
as a consumer ) can be the judgment or equilibrium by which that lost balance
can be achieved. Which we need at the level of the possibility of
achieving sustainable governance.
As each of
the political and economic forces are trying to win over individuals to their
side, whether on the economic or political level( the individual
is, on the one hand, a voter, and on the other, a consumer). In the
economic field, despite all the problematic of inequality and distributive
justice, the individual consumer still holds the initiative at the economic
level, based on his being the basis, goal and reference of commercial forces in
all their forms. In addition, the individual citizen is the basis of political
authority according to the democratic process and the electoral vote, as it
still has a significant impact on the level of determining political
orientations.
Based
on this, the individuals on whom the political and economic systems are based
must assume responsibility, engage and participate in the process of creating
that influence and pressure to confront the monopolies and control of
capitalist, security, political, media and even academic elites, in order to be
the mainstay in achieving accountability, participation and transparency
policies on which governance is based.
Where governance
policies should not be limited to structural reforms or protest in the streets
and at the ballot box. Rather, the sustainability and process of governance
must be supported by directly holding monopoly forces accountable through a
culture of consumption, as spending or saving money may lead to desired ends.
This logic or direction of direct action may be better and more effective than
traditional forms of political and economic expression.
In light of global
markets trying to evade the rules and restrictions of accounting, the role of
the individual (the consumer) appears as a force to be reckoned with. It
can no longer be ignored that individuals all over the world are now turning to
political shopping more than towards electoral voting. Thus, participation in
the economic boycott process and the trend towards political shopping (so to
speak) is a positive indicator that indicates that the individual consumer's
political activity has begun to move in the right direction. Where the increasing
activity and influence of economic forces, and the corresponding unclear
political will, results in a growing realization that political shopping is a
more effective form of sustainable governance.
Where it seems that
consumption or political shopping has begun to replace traditional citizenship,
as it is the tool that enables the individual (as a citizen or consumer), to
impose accountability and correct public policies in a more serious and
practical manner. In light of financial greed, political
indifference and the absence of responsibility among many technocratic elites
and market forces, individuals can assume responsibility and participation in
achieving sustainable governance by adopting political shopping policies as a
strategy or a new form of effective accountability.
To sum
up,
in practice we must admit that while the social contract that binds peoples and
governments is becoming increasingly fragile, it seems that the pressure and
influence of individuals is making a real impact in the face of monopolistic
forces and corruption. That effect, which governments or even some
international institutions cannot bring, and which may be fundamentally
unwilling to do so.